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El coordinador de bienestar: qué exige la ley y cómo demostrar que se cumple

Equipo Canal CumplimientoNoviembre de 2026 · 7 min de lectura

Nombrarlo es obligatorio. Lo difícil es poder probar, años después, que el centro hizo lo que tenía que hacer.

La Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), obliga a todos los centros educativos con alumnado menor de edad, sea cual sea su titularidad, a contar con un coordinador o coordinadora de bienestar y protección, que actúa bajo la supervisión de la dirección o de la titularidad del centro (art. 35.1). Afecta por igual a colegios públicos, concertados y privados.

Qué funciones tiene

Cada comunidad autónoma fija los requisitos y decide si el cargo lo asume personal del centro o personal nuevo, pero la ley establece unas funciones mínimas (art. 35.2). Entre ellas:

  • promover la formación en prevención y detección del personal, del alumnado y, con las asociaciones de familias, de los padres;
  • coordinar, según los protocolos autonómicos, los casos que requieran la intervención de los servicios sociales, e informar a las autoridades cuando sea necesario;
  • ser el referente principal ante alumnos, personal y comunidad educativa para comunicar posibles casos de violencia;
  • informar al personal de los protocolos de su comunidad autónoma;
  • coordinar con la dirección el plan de convivencia;
  • promover la comunicación inmediata a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando haya riesgo para la seguridad de un menor, y a las autoridades de protección de datos cuando pueda haber un tratamiento ilícito de sus datos.

Lo que el centro debe comunicar

Al inicio de cada curso, el centro debe informar de los procedimientos de comunicación, de las personas responsables y de las líneas de ayuda, en formatos accesibles y consultables en cualquier momento (art. 18). Y el personal de los centros tiene un deber cualificado de comunicar de inmediato las situaciones de violencia que conozca (art. 16).

Por qué la documentación lo es todo

En 2026, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid resolvió el caso de unos padres que pedían la documentación del protocolo de acoso de un colegio concertado. La Administración sostuvo que el protocolo nunca se había abierto y el tribunal desestimó la petición porque esa documentación no existía, aunque no impuso las costas, recordando que la normativa prevé que el protocolo se inicie inmediatamente tras conocer los hechos (STSJ Madrid, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 8.ª, 386/2026, de 1 de junio, ECLI:ES:TSJM:2026:7229).

La lección es sencilla: lo que no está documentado, a efectos prácticos, no existe. La apertura formal del protocolo, cada actuación y cada comunicación deben quedar registradas con fecha.

Cómo demostrar que se cumple

Con un registro de la designación del coordinador y de su suplente, la información de inicio de curso publicada con fecha, la formación impartida y, en cada caso, el protocolo de su comunidad autónoma abierto, seguido y cerrado paso a paso. Canal Cumplimiento hace exactamente eso, con constancia sellada de cada paso.

Fuentes: Ley Orgánica 8/2021, arts. 16, 18 y 35, texto consolidado en el BOE; STSJ Madrid 386/2026, ECLI:ES:TSJM:2026:7229. Este artículo es informativo y no sustituye el asesoramiento sobre un caso concreto.

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